El huracán Iota es el punto más trágico en una cadena de sucesos que sacude a San Andrés desde hace una década. Semanas antes de la pandemia, visité la isla en busca de respuestas y explicaciones a problemas como las basuras que amenazan las reservas de agua dulce, la corrupción que tiene a los dos últimos gobernadores en la cárcel o las consecuencias del fallo de la Haya que no paran.
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Los pescadores de San Andrés esperan a la sombra de las palmeras. Son menos de quince. En grupos de dos o tres hablan, se cuenta algo de lo que ocurrió en la madrugada. Algunos más aún en su lancha organizan herramientas, mueven bidones de gasolina o recogen la atarraya. Es la Cooperativa, una construcción de un piso, en la playa, en frente de la cabecera de la pista aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Allí pueden amarrar los botes, vender lo capturado o esperar a la sombra de las palmeras. El sol del mediodía brilla y el mar de los siete colores titila. A esa hora ya se sabe si la jornada de pesca fue buena o mala. Todo depende del mar y los cardúmenes; del azar, la casualidad o la guardia nicaragüense.
Cuando me acerco noto que un grupo pequeño anima su charla con una botella de whisky. Pregunto por la faena, por el fallo de la Haya, por las vedas y por las zonas en las que pueden navegar sin ser requeridos por guardacostas de los países vecinos. Cuando uno de ellos nota que quien pregunta es periodista, reacciona con violencia, insultos y amenazas de puños en la cara. Antonio, el conductor que me acompaña, raizal como ellos, interviene y suelta algunas frases en creole. Manotea a la par, argumenta en su idioma y al fin cierra el asunto.
Minutos después, en el carro, Antonio me explica que todo pasó por efecto del alcohol, claro, pero que muchos de los pescadores, realmente, se hastiaron de que periodistas lleguen de Bogotá a preguntar lo mismo cada año. “Contar que se quedaron sin dónde pescar, tampoco les resuelve el problema”, concluye el negro Antonio, mientras conduce y tamborea en el timón al ritmo de «Brown girl in the ring», la canción de Boney M, que en ese momento suena en el reproductor de MP3 de su Honda Civic.
“Come on show me your motion / Tra la la la la la”, suena con el mar de fondo y avanzamos por la carrera 20 de la isla. Pero basta con salirse un par de kilómetros de la zona turística, avanzar por las colinas, para notar que el San Andrés de los raizales está lleno de necesidades urgentes y problemas que desde hace años esperan solución.
Esas calles y barrios que ahora recorremos con Antonio son los mismas que un año después fueron azotados por el huracán Iota. Algunas avenidas quedaron partidas como terrones, en medio de árboles caídos y destrucción. Y un poco antes del desastre por los vientos –y meses después de aquella ruta con Boney M. de fondo– fueron vías solitarias e inéditas, pues por primera vez estuvieron sin turistas, producto del aislamiento por el covid-19.
Apenas un año para cambios tan rotundos y salidos de cualquier presentimiento. Recordar ahora esas caminatas y recorridos, al tiempo que se ven las imágenes de los destrozos de Iota, cuestiona certezas, derrumba seguridades ontológicas y confirma una de las paradojas más grandes de San Andrés: aquella que dice que ahora la isla vive su mayor urgencia por el huracán, pero quizá no su problema más grave.
La basura
San Andrés es una isla que poco a poco se hunde en la basura. Lo que ocurre con los desechos es lo mismo que una bomba en conteo regresivo y nadie hasta ahora ha sido capaz de pararla. En marzo de 2019, el propio gobierno dio pistas sobre esa alerta. En la página del ministerio de Vivienda –responsable de agua y saneamiento, es decir, de manejo de basuras–, colgaron un comunicado de prensa en el que se leía: “San Andrés operará la primera planta generadora de energía a partir de residuos sólidos en el país”.
En la nota institucional se atribuía el anuncio al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien lanzaba la afirmación tras un recorrido por la planta de generación de electricidad a partir de residuos sólidos, RSU. Y el punto que más destacaban los funcionarios de comunicaciones corporativas del ministerio, y que varios periódicos replicaron, fue el desembolso de 4 mil millones de pesos para esa planta de separación de residuos.
Se vaticinaba en tono alto que San Andrés sería pionero en la preservación del medio ambiente con la entrada en operación de la generadora. Lo que no contaba el despacho institucional es que ese anuncio, relacionado con la basura, era apenas un escalón en una larga cadena de promesas incumplidas y fallos judiciales. La punta del iceberg, como explica la vieja metáfora de Hemingway sobre contar historias.
El proyecto de la planta RSU inició el 27 de noviembre de 2009, cuando el ministerio de Minas del gobierno de turno suscribió el contrato de concesión 067 de ese año con la empresa SOPESA. El acuerdo incluía construir y operar una planta de generación a partir de residuos que, según el contrato inicial, debía estar en funcionamiento, a más tardar, el 1 de febrero de 2011.
Esa fecha no se cumplió y fue necesario firmar varios otrosíes. Entre lo que modificaron las partes estuvo la fecha de entrega. La planta entonces estuvo terminada y lista para funcionar solo en diciembre de 2013: tres años después de lo acordado. Para ese momento, la inversión fue 34 mil millones de pesos.
El monto y la espera, comparados con el beneficio de eliminar las basuras de la isla, no parecían un sacrificio mayor. Lo extraño es que, después de la entrega y el pago, la generadora de electricidad a partir de quemar basura nunca ha sido utilizada.
Problema ambiental
Eliminar basuras y desechos en San Andrés es un proceso complejo y costoso. Los elementos que pueden ser separados, y destinados a procesos de reciclaje, son apilados poco a poco, cerca al comando naval. Es una esquina que se ve como una gran chatarrería a cielo abierto: grandes bloques de metal retorcido que de tanto en tanto son embarcados en buques y enviados a la Colombia continental para el proceso de volver a utilizar.
Pero miles de toneladas de basura, nunca separadas en el origen, y producidas tanto en las zonas turísticas como en los barrios raizales, van a dar sin tratamiento alguno al botadero de la isla. El relleno sanitario tiene un nombre que es a la vez irónico y cruel: Magic Garden. Justo en ese punto, al lado de dos inmensas montañas de basura, fue donde se construyó el complejo de la planta RSU.
Por eso el hecho de que la máquina no funcione es lo mismo que un tic tac antes de la explosión. El relleno está al tope de su capacidad y es urgente empezar a despejarlo. Lo certificó el propio ministerio de Vivienda –en la comunicación cuando celebraba la entrada futura de la generadora–. En ese momento, marzo de 2019, se advertía que la capacidad de descarga y compresión de desechos quedaría agotada en diciembre de ese mismo año 2019.
Visto de otra manera, en el momento en que San Andrés fue azotada por el huracán Iota, estaba a punto de completar un año de sobrecarga de residuos en su relleno sanitario. Y el colapso de una de esas montañas de basura implicaría otra catástrofe tanto para el aire de la isla como para sus aguas, que es lo mismo que decir sus recursos turísticos y de pesca. Líderes sociales que conocen el teman creen que el probable colapso del Magic Garden puede ser subacuático.
“Hace 10 años aproximadamente nosotros hicimos la consulta previa para la máquina –explica Walt Hayes, líder raizal–. La comunidad raizal dio vía libre. Una de las cosas en que nos apoyamos para darle vía libre a la máquina RSU es que en ese sitio donde estaba ya el subsuelo tenía un daño por debajo de los 16 metros. Ya los lixiviados y esa contaminación estaba amenazando con llegar al acuífero del subsuelo”.
El acuífero del subsuelo es la reserva natural de agua dulce de la isla. El ecosistema del archipiélago evolucionó de esa forma, tras millones de años: San Andrés tiene grandes depósitos de agua producto de la filtración del mar en los arrecifes. Pero son procesos naturales que no se pueden alterar.
El problema es que, según los líderes raizales, el daño en parte ya está hecho. “Entonces, como era algo urgente aprobamos eso. Lo que nos garantizaban era que la máquina en dos años iba a quemar todas las dos montañas de basura que está ahí. Y nos sentimos engañados”, agrega Hayes.
Esa preocupación la comparte Jorge Sánchez, el hombre que lleva varios años sacando toneladas de basura del mar de San Andrés. Es instructor de buceo y un día, cansado de ver las montañas sumergidas en el mar, no pudo sino seguir el impulso de empezar a limpiar la basura que alguien tiró por la playa. Y en esa tarea infinita y terca está. Cada botella o bolsa plástica, cada llanta o mueble viejo que allí encuentra, lo saca. Con el tiempo formó un grupo, depuró la técnica y ahora limpia al lado de unos 850 voluntarios.
“El punto que a mí más me preocupa –dice Jorge Sánchez–, con respecto a la contaminación, realmente es que se vaya a contaminar el acuífero. No sé qué tan factible sea que suceda. Si nosotros hemos hecho una gran cantidad de pozos sépticos, que no cumplen las características, sino que dejan desalojar todas esas materias a la tierra, que es porosa, y que nutre al acuífero… Me llega a asustar”.
En los tribunales
El 27 de noviembre de 2015 el Tribunal Administrativo de San Andrés emitió una sentencia de primera instancia en la que declaró “la vulneración del derecho colectivo al goce del ambiente sano” y le ordenó al operador de la planta RSU ponerla a funcionar en el término de los 7 meses siguientes. Ese nuevo plazo tampoco se cumplió.
La sentencia fue apelada y llegó al Consejo de Estado que en 2017 emitió otro fallo. En 110 páginas recapituló el largo e inexplicable camino de la planta generadora a partir de basura. Y en las conclusiones los magistrados explicaron que la planta no puede funcionar con las 52 toneladas que le ingresan en promedio cada día al relleno por la recolección regular en la isla. Para poder encender la máquina se requieren 100 toneladas de basura.
Parece que nadie lo noto. Quizá no se calculó o no hubo estudios previos. Pero lo cierto hoy es que instalaron una máquina de más capacidad y eso generó otro problema. La única solución a la mano, para echar a andar al gigante que quema basura y produce energía, era desenterrar y separar la basura.
Suena sencillo. Pero ese proceso adicional, increíblemente no previsto en ningún momento, no solo genera un costo adicional que quedó fuera de los contratos sino que necesita un plan ambiental. Entonces la gestión recae en el gobernador de turno, máxima autoridad en la isla. Se lee en el fallo del Consejo de Estado: “La Sala advierte que la mayor responsabilidad en la no puesta en funcionamiento de la Planta de Generación RSU la tiene el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
Y ahí, en la responsabilidad del mandatario elegido por voto popular, inicia otro nudo, otro camino retorcido e incierto. Porque casi todo lo relacionado con políticos en San Andrés conduce al lodazal de la corrupción. Los últimos gobiernos de la Isla, responsables –entre muchas otras gestiones–, de cumplir ese fallo y tramitar las licencias, tampoco hicieron nada. Estaban ocupados planeando desfalcos y al final terminaron en la cárcel por corrupción.
Quiere decir que ni los jueces con sus órdenes desde su tribunal han podido con la basura de San Andrés. Destrabar ese nudo era lo que intentaba la gestión del ministerio de Vivienda de marzo de 2019, aunque fuera presentada sin contexto alguno como un avance ejemplar. Precisamente para eso estaban destinados los 4 mil millones de pesos desembolsados: para separar la basura.
Desde ese anuncio, a la llegada del huracán Iota, pasó más de año y medio y tampoco ocurrió nada. Para contar esta historia, en 2019 buscamos a SOPESA y a los funcionarios de la administración que en ese momento estaban a cargo y nadie dijo nada del asunto de la basura.
No hay agua
Carlos González estaba en el solar de su casa, arreglando un carro viejo, cuando llegué a preguntarle sin mayores protocolos. “Don Carlos, si usted abre el grifo de su casa: ¿hay agua?”. El hombre me miró extrañado, pero entendió pronto que le estaban haciendo una entrevista.
– No, no señor. No hay –contestó.
– ¿Hace cuánto que no hay? –le insistí.
Entonces don Carlos cambió el tono. Levantó el dedo índice para que su respuesta ganara seguridad rotunda. “Tengo más de 25 años viviendo por aquí y no sabemos ni qué es la tubería. La única tubería que existe aquí son las canales de los tejados. El agua llega cuando llueve”.
Es el barrio Simpson Wheel, otro más de esos apartados de las zonas turísticas. Allí la cotidianidad transcurre entre niños que juegan fútbol, motos estacionadas en las aceras, una tienda sin clientes y los grifos por los nunca sale agua. Rodrigo Lezcano interviene y explica que es uno de los fundadores de la zona. Me recibe sin camisa, retostado por el sol, y muy amable me invita a entrar a su casa. Con orgullo, muestra las modificaciones que les hizo a las canaletas y los techos: desvió los desagües y los condujo a dos tanques de alta capacidad. Cuando llueve, allí es donde recarga sus reservas.
– Nosotros diseñamos este tipo de sistema para poder obtener el agua –explica Lezcano–. Pero es agua que no sirve para comer. Para eso nos toca comprar los botellones de agua tratada.
La escena se multiplica de una calle a otra. La misma paciencia para atrapar agua lluvia la tuvieron en el barrio Tablitas, cerca al aeropuerto. Allí el agua que baja de los tejados va a dar a canecas y luego a inodoros o a las pocetas de la ropa sucia. Jamás a una olla o a un vaso para tomar. “Por medio también a los animales: los gatos, las ratas que se suben a los tejados y entonces es un agua que no es para el consumo humano”, explica Javier Villa.
Quitar la sal
Una posible solución a la falta de agua está en los sistemas de plantas desalinizadoras. Los primeros anuncios sobre este tipo de montajes son de 1996 y han sido frecuentes cada vez que hay una sequía fuerte o cuando ocurre el inclemente fenómeno del Niño.
Líderes sociales de la isla calculan la necesidad de agua en 240 litros por segundo. Hoy San Andrés tiene tres plantas, dos desalinizadoras y una de purificación que se alimenta de los acuíferos –conocida como Duppy Gully o de ablandamiento–. El operador de acueducto maneja esa planta de ablandamiento y la más grande de las desalinizadoras: con capacidad para 50 litros por segundo.
La Unidad de Riesgos, UNGRD, completa más de dos años montando una planta de 25 litros por segundo que, según los propios boletines emitidos por esa Unidad, no ha funcionado del todo bien. Semanas antes del huracán, por ejemplo, uno de los proyectos de reactivación que fue presentado era, precisamente, impulsado por Findeter y la UNGRD para poner a funcionar esa planta.
El caso es que las plantas desalinizadoras juntas no llegan a los 80 litros por segundo, mucho menos del mínimo requerido, según calculan los raizales. Y menos aún porque ocurre con frecuencia que o funcionan a media capacidad o las fugas por malas tuberías hacen que se pierda mucha de esa agua tratada.
En la emergencia por el huracán Iota, el propio ministro de Vivienda reveló que ninguna de las plantas de tratamiento de agua de la isla estaba funcionando bien. Escribió Jonathan Malagón en Twitter: “Esta noche quedará operativa la planta desalinizadora de 50 litros por segundo, la más grande que tiene #SanAndrés”.
Y más adelante: “Trabajamos en una reparación menor que hace falta en la segunda planta de 25 litros de agua por segundo”. Y en un tercer mensaje, agregó el ministro: “Finalmente, nuestra tercera planta en #SanAndrés, que es la de Duppy Gully, debería estar lista la próxima semana”.
“Es muy difícil porque lo que se produce en agua, no llega al 30% de lo que se requiere para suministrar racionalmente a las casas, digamos 12 horas por día. Estamos muy lejos de eso”, dice Kent Francis, ex gobernador de San Andrés.
Y la prioridad del agua en la isla la tiene el sector turístico, el renglón económico que mueve todo el archipiélago. Son cerca de un millón de personas cada año que llegan a disfrutar y abrir las duchas varias veces al día. “Se busca cómo garantizarle el agua al turismo, o a los negocios de hoteles, pero los residentes sufrimos de la insuficiencia de agua y hay sitios donde el agua les llega cada 20 días por 12 horas”, dice Francis.
La falla del fallo
El huracán Iota arrasó Providencia y golpeó con fuerza a San Andrés casi exactamente 8 años después de que la isla sufriera otro embate: la perdida de mar por cuenta de un fallo. El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió un litigio de cerca de 2 décadas, cambió un tratado de 1928 y volvió a dibujar los mapas.
A Colombia le ratificó la soberanía en las islas y cayos, pero aumentó la porción de mar de Nicaragua. Eso, además de cambiar fronteras, modificó la zona de trabajo de pescadores. Colombia no reconoció ese fallo, pero eso no evitó que la vida en la isla, a partir de ese momento, fuera otra. Esa realidad apremiante explica el resentimiento de los que esperan a la sombra de las palmeras, en la playa de la Cooperativa, o en cualquier punto de la isla.
Cuando llegué a la calle del comercio faltaban unos minutos para las 10 de la mañana. El aspecto del lugar es el de cualquier pueblo costero colombiano y no el de un paraíso del Caribe. Ventas de mercado y materiales, puestos de apuestas de chance, depósitos de cerveza y víveres, ruido de motos y la parlería de los vendedores y sus ofertas.
Una mujer destaza con habilidad un pescado. Maneja el hacha con destreza y precisión. Le pregunto si lo compra en la Cooperativa para venderlo allí y me dice que no siempre. Que mucho de lo que vende y ahora arregla es pescado que llega de Cartagena. Un inexplicable más: pescado importado en San Andrés.
Alex Barrios, quien estuvo con el celular apagado por 3 días, al fin contesta. Estuvo fuera de línea porque navegaba mar adentro en busca de sustento para él y su familia. Es uno de los líderes pescadores que más insiste en explicar los cambios para ellos tras el fallo y por eso está dispuesto a hablar cada vez que se le pregunta.
“Cambiaron muchas cosas –explica Barrios –. Y la gran percepción es que el fallo sigue siendo adverso para el pueblo raizal. Los pescadores son los que ancestralmente han ejercido la soberanía sobre las aguas, por más de 500 años, y no vamos a dejar quitar nuestro territorio”.
El mar de colores brilla unos metros más allá de la Plazoleta Coral Palace. Al fondo, se ven movimientos en la cubierta de uno de los pesqueros fondeados. Son los que preparan las redes para la faena que iniciará en la siguiente madrugada. Saldrán a probar el mar y la fortuna en la zona de los cayos.
Cuando terminan la preparación, llegan de vuelta a los miradores de barandas de colores que hay en esa zona; lo hacen remando con agilidad sus pequeñas canoas. Los saludo e inicio una conversación. Son gente amable. Algunos visten camisetas de estilo beisbolero que combinan con bonitas y vistosas gorras. Les pregunto por el alistamiento, la rutina y lo que probablemente se encuentren mar adentro, además de langostas y pargos, claro. “Puede que nos encontremos a la Guardian nicaragüense”, responde uno de ellos.
Entonces cuentan lo que ya es una rutina después del fallo. Las requisas en altamar, los decomisos de pesca legal y algunas veces las detenciones arbitrarias. Los llevan a calabozos en Nicaragua y allí enfrentan un proceso que puede durar varios meses. “Ha ocurrido –confirma Alex Barrios –. Incluso han sustraído embarcaciones fondeadas en Serrana. Las han capturado y se las llevan”.
La Armada Nacional explicó que no ha cambiado ni el mapa ni las rutinas de patrullaje y vigilancia. El problema para Barrios es la extensión de las aguas en esa zona. “Mientras la Armada está en un punto, por decir en Serrana, en Serranilla está haciendo las de venir”, explica el pescador.
El otro huracán
Para decirlo con el lugar común más utilizado en tiempos de Iota: el otro huracán que golpea a San Andrés, uno estacionado día y noche sobre la isla, es el de la corrupción. Los últimos dos gobernadores están presos y el electo para 2020 está judicializado por líos con contratos firmados durante la pandemia por Covid-19.
La fiscalía cree que Everth Julio Hawkins Sjogreen, el mandatario en ejercicio, es el presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitara. El escándalo estalló, el funcionario fue suspendido, y en las capitales del resto del país el asunto no pasó de un titular secundario. Quizá porque noticias de ese tipo, provenientes de San Andrés, aparecen con frecuencia.
El huracán dañó miles de casas, y borró todo lo construido durante décadas en Providencia, pero algunas estructuras de la isla ya estaban en ruinas antes de que llegaran los vientos. Es el caso del colegio Antonia Santos, un proyecto de edificio para unos dos mil estudiantes, con ventanas amplias y largas rampas de acceso.
Aún sin huracán, la construcción ya era una estructura a medias, como un esqueleto al sol devorado poco a poco por la maleza. Y esa obra inconclusa es solo uno de los casos, en medio de una compleja madeja que investigó la Fiscalía y que es la que tiene a los dos anteriores gobernadores en la cárcel, junto con 16 personas más, entre funcionarios y contratistas.
Los investigadores descubrieron que los gobernadores se aliaron para conformar una red criminal. La Fiscalía descubrió el desfalco y lo denunció con cifras exactas. En 2011, Aury Socorro Guerrero asignó contratos por $39.011.831.646 y a cambio recibió $3.901.183.165 en sobornos.
Cinco de esos contratos están relacionados con colegios, entre ellos el Antonia Santos. El sucesor en el cargo, y entonces nuevo gobernador, Ronald Housni, asumió para continuar con el robo. La Fiscalía demostró que, en dos años, entre 2015 y 2017, el mandatario aumentó su patrimonio en más de 5 mil millones de pesos.
El origen de ese dinero fue específico: sobornos haciendo adiciones a los contratos para los colegios, que había firmado su antecesora. Además de otros acuerdos corruptos con otras obras que nunca se hicieron, aunque sí se pagaron, como la construcción de parques.
Es el caso del Tropical Park. Se adjudicó en diciembre de 2017, por más de 14 mil millones de pesos. Se debía entregar 10 meses después y eso nunca pasó. El terreno no pasó de ser un pequeño lote terroso a la orilla del mar, cerca de la Cooperativa de pescadores. Lo mismo ocurrió con el hipódromo y con otros proyectos más.
Lo que sufrió la isla fue un saqueo, planeado por Andrés Ronald Housny Jaller y Aury Socorro Guerrero, quienes aceptaron cargos y recibieron condenas por 15 y 14 años respectivamente.
También el hospital
La lista de calamidades de San Andrés no termina. La isla era uno de los sitios menos preparados para enfrentar la pandemia, pues su hospital en los últimos años se convirtió en un decálogo de promesas por cumplir. Cuando se desató el covid-19, el Clarence Lynd Newball Memorial tenía solo 9 camas de cuidado intensivo, muy probablemente funcionando a medias.
Porque desde 2018 ese hospital ha sido el centro de decenas de llamados y alertas de la Procuraduría, sobre posibles manejos irregulares y en torno a claras deficiencias en el servicio que le debe prestar a la comunidad. Fue el ministerio público el que advirtió que un cambio en el modelo de contratación, en 2017, es el probable origen de una cadena de subcontrataciones, incumplimientos y falta de pagos a proveedores y médicos.
Por eso las denuncias y escándalos del momento incluían desde falta de agujas o sueros, hasta médicos sin pago; ascensores dañados, cámara hiperbárica inservible (en unos de los santuarios mundiales del buceo) o un techo a punto de venirse abajo y tan roto que cuando llueve cae más agua adentro que afuera del edificio. En los primeros meses de 2018, la Superintendencia de Salud hablaba de “Deficiencia en las condiciones de habilitación (infraestructura, mantenimiento, procesos prioritarios, talento humano)”.
Ni la basura se recogía, pues la isla estuvo al borde de entrar en emergencia sanitaria por la acumulación de 4 toneladas de desechos hospitalarios. El entonces gobernador Housny Jaller fue cuestionado por esos contratos.
Tiempo después de esas denuncias llegó la pandemia del Covid-19 y ese edificio y ese sistema de salud con tantas fallas era el que esperaba a los enfermos de coronavirus. El 1 de octubre de 2020, más que la cifra de contagios que crecía en la isla fue noticia en la Colombia continental el riesgo de colapso del techo del hospital, en medio del aguacero. Una escena idéntica a una que ya había ocurrido en 2018. Dos años y nadie a podido tapar las goteras del techo.
Isla cerrada
A pesar de todos los problemas, en medio de tantos procesos inconclusos y pendientes por resolver, el potencial de San Andrés seguía intacto hasta inicio de 2019: la belleza de sus playas, ser uno de los destinos más solicitados del Caribe. Pero la pandemia por Covid-19 generó lo jamás imaginado: el cierre de la isla para el turismo que es lo mismo que cerrar la llave de su principal fuente de ingresos.
Las playas, las zonas del libre comercio con estivas llenas de ofertas, los bares y salones de hoteles, los exquisitos y tradicionales restaurantes –como el que queda en la playa de la Cooperativa de pescadores–; la zona de discotecas, donde turistas con medias y chanclas y chaquiras en el pelo mueven las caderas; todo eso, es decir, toda la isla, quedó cerrado.
Las pérdidas son multimillonarias y el estrago económico y social aún está por calcular. A finales de junio de 2020 la Federación Nacional de Departamentos estimó el impacto de la pandemia en una caída del 81% de los ingresos del archipiélago.
Y así, con una economía en pausa, con grandes líos sanitarios y de infraestructura, con pendientes por resolver, fue que los vientos apocalípticos sorprendieron a la isla. Ese otro diagnóstico, el que hay que hacer de los planes de reconstrucción (y los contratos) está pendiente. Lo cierto es que, cuando pase del todo la tormenta, quizá sea tiempo de sacar del atasco, de una vez por todas, al paraíso colombiano donde los pescadores esperan a la sombra de las palmeras y el mar es de siete colores.